Economia

INTERVENCIÓN Y COORDINACIÓN

Mientras que en 1929 predominaron las vacilaciones oficiales y los rescates a medias, el temblor reciente desató un socorro estatal unánime de los grandes bancos. Los funcionarios neoliberales no dudaron en utilizar todos los recursos del Tesoro para contener el colapso, con subsidios, reducciones de tasas y emisiones de moneda.

Esta conducta no fue improvisada. La experiencia del 29 legó un trauma a los administradores del estado burgués, que durante generaciones fueron educados en la adopción de contundentes medidas frente a un peligro de crack. Esta actitud ha sido la norma del establishment y de los principales exponentes del pensamiento económico dominante. Por esta razón predominó una generalizada aprobación del salvataje bancario, cuándo la quiebra de Lehman Brothers hizo temblar al sistema financiero.

La diferencia con los años 30 puede mensurarse en la magnitud del déficit fiscal creado para auxiliar a los financistas. Estas erogaciones desbordaron ampliamente cualquier socorro del pasado y han estado a tono con la dimensión del gasto público contemporáneo. Hace siete décadas ese agregado rondaba en torno al 2,5% del PBI y en la actualidad no baja del 20%.

Ningún gobernante esperaba la llegada de un estallido financiero tan profundo. La crisis volvió a irrumpir en forma intempestiva, sobrepasó los paliativos iniciales y ha generado desequilibrios más acentuados. Este alcance ha potenciado también la política oficial de contener la tempestad con las reservas del Tesoro. Pero la novedad del último año fue el carácter global de esa reacción. El tradicional panorama de varios estados aplicando la misma receta, ahora incluyó mayor coordinación internacional.

En este plano se verificó otra diferencia con los años 30. La crisis incentivó la concreción de varias cumbres presidenciales, tanto en el pico (Londres) cómo en el reflujo de la eclosión (Pittsburg). Las políticas comunes negociadas en estas reuniones no figuraban en la agenda de la gran depresión. Este cambio refleja los imperativos de la gestión económica contemporánea.

El capitalismo del siglo XXI exige tramitar globalmente el alcance y destino nacional del gasto público. Las principales economías del planeta están asociadas y necesitan acordar cierto manejo del impacto económico, que tiene cada erogación estatal. Esas tratativas modifican el efecto local y foráneo que genera el financiamiento público. Con el mismo presupuesto se pueden incrementar las importaciones o la producción interna y (o) crear más empleo en el exterior que dentro de un país. Estos equilibrios se negocian al más alto nivel.

El principal punto de discordia entre Estados Unidos y Alemania o Francia durante las Cumbres del G 20 fue justamente la dimensión y orientación de las erogaciones estatales. Las grandes corporaciones de cada país hicieron valer sus intereses a través de los funcionarios de cada estado. Estas divergencias se zanjaron (o pospusieron) con salidas intermedias.

Nadie sabe si esos acuerdos perdurarán o no en el próximo período, pero a diferencia de los años 30, actualmente existen empresas transnacionales que están directamente interesadas en preservar la continuidad de transacciones globales. Estas compañías gestionan en común, una amplia gama de negocios que no existían en la entre-guerra.